México tras la mira de datos personales
Jean Gutiérrez R
México aprueba en apenas nueve días un paquete de leyes que amplía el acceso a datos personales y refuerza controles de seguridad
Ciudad de México, 2 de julio de 2025 — En un proceso acelerado y sin precedentes, el Congreso mexicano ha aprobado durante un período extraordinario de nueve días un conjunto de reformas legales que otorgan al gobierno mayor acceso a los datos personales y biométricos de la ciudadanía, además de fortalecer las facultades de las instituciones de seguridad para realizar labores de inteligencia. La serie de leyes, que abarca temas de población, seguridad, desaparición de personas, telecomunicaciones y la Guardia Nacional, ha levantado polémica por su impacto en los derechos de la privacidad y las libertades civiles.
Un proceso exprés para una legislación controvertida
Desde el 23 de junio hasta el 2 de julio, ambas cámaras del Congreso —la Cámara de Diputados y el Senado— aprobaron en tiempo récord estas reformas, justificándolas con la necesidad de afrontar la crisis de desapariciones y delitos que enfrenta el país. Sin embargo, críticos y organizaciones civiles alertan que estas leyes podrían abrir la puerta a un aumento en el control estatal y la vigilancia indiscriminada de los ciudadanos, bajo la justificación de fortalecer la seguridad pública.
¿Qué cambios traen las nuevas leyes?
Las reformas permiten a las autoridades civiles y militares acceder a datos biométricos, registros digitales y otra información personal, tanto de empresas privadas como de instituciones públicas. Esto incluye datos que anteriormente estaban restringidos por leyes de protección de datos, generando inquietud sobre la posible vulneración de derechos fundamentales. Además, se otorgan mayores facultades a las agencias de inteligencia para recopilar y cruzar información, en nombre de la prevención y combate a delitos.
Reacciones y preocupaciones
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en privacidad han expresado su preocupación por la rapidez con la que se aprobaron estas leyes y por el impacto que podrían tener en la protección de los derechos civiles. "Estas reformas abren la puerta a una vigilancia masiva sin garantías claras de supervisión y control", advirtió Ana López, directora de la ONG Justicia Digital.
Por su parte, el gobierno ha defendido las reformas argumentando que son fundamentales para resolver la crisis de desapariciones y mejorar la seguridad en el país. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad afirmó que las nuevas leyes "fortalecerán las capacidades del Estado para proteger a los ciudadanos y garantizar el Estado de derecho".
Un panorama de tensión en el contexto de seguridad
Mientras el país enfrenta un aumento en la violencia y la inseguridad, la aprobación de estas leyes refleja una tendencia hacia un mayor control estatal, en un contexto donde las instituciones buscan equilibrar la protección de la ciudadanía con la protección de sus datos. La discusión continúa en la sociedad, que ahora enfrenta el reto de vigilar cómo se implementarán estas reformas y cuáles serán sus efectos a largo plazo.
Se mantiene la vigilante mirada de la ciudadanía y las organizaciones civiles ante los posibles abusos y el uso de estas nuevas facultades en un país donde la lucha por los derechos humanos y la seguridad pública sigue en marcha.
